Y es que a día de hoy, los que no respetan la Constitución la usan para imponer legalidades que sólo benefician a unos cuantos, y que por ella, siempre quedan impunes. Porque según quién diga, las penas se convierten en palmadas de complacencia o intolerables insultos a la legalidad constitucional.
Mientras LLamazares llama maleducado a Bono por una más que leve llamada de atención, la legalidad ha de soportar que el general de Izquierda Hundida propugne indemne unos colores y un estado profundamente antoconstitucionales, exacerbadamente ilegales y grotescamente ensoñadores. Y no se trata aquí, como sí pretende el susodicho general, de establecer una lucha digna contra un régimen impuesto y autoritario, sino de luchar contra el estado democrático y consensuado, -que tanto les gusta usar- surgido allá por el 78.
Y ¿qué hace el gobierno, dudoso garante de la legalidad constitucional? Mantener en la recámara estas reivindicaciones -ensoñaciones-, de unos pocos con una clara intención política traicionando así al Estado español y a la Constitución Española.
Y aunque el propio Gobierno de España no llame por la justicia a los que concurren en la ilegalidad de defender la República en el hemiciclo de la Monarquía Parlamentaria, demócratica y elegida por el pueblo español, no deja, por ello, de ser un insulto y una ofensa a la libertad y a los derechos. Por eso el gobierno español, permitiendo, no respeta, sino que claudica ante su responsabilidad con alevosía, porque los derechos de los que defienden la República denostando e insultando la democracia española provocan el incumplimiento del ejercicio de los derechos de la inmensa mayoría de los españoles.
Señores republicanos, la República es un régimen ilegal porque no es una república al uso lo que ustedes propugnan, sino la reedición de la Segunda República Española, probadamente nefasta para España y para los españoles, y contraria rotundamente a nuestra Constitución Española y a una bandera cada día más emborronada, pero no por ello, menos cierta y menos nuestra.